Un año más sin apenas oposiciones


29 Ene, 2014

 
Desde que el Estado señaló la cifra del 10% como tasa de reposición de efectivos docentes, la oferta de empleo público ha bajado hasta mínimos tanto que ya, en muchas comunidades autónomas, son equivalentes a la desaparición. Cuando las palabras “calidad educativa” llenan la boca de los responsables políticos y los titulares de prensa, hay que decir alto y claro que sin una amplia oferta de empleo público docente que permita la adecuada renovación de las plantillas no hay calidad educativa posible.
En primer lugar porque el 10% de la tasa de reposición es un porcentaje tan exiguo e insuficiente que no es capaz de cubrir las necesidades mínimas del sistema educativo: no permite ajustar las plantillas según las vacantes que se producen en cada una de las especialidades, ni renovar los efectivos ni cubrir las vacantes. Lo único que logra esa tasa de reposición es que, con una ligereza inusitada y una falta de visión de futuro preocupante, no se convoquen oposiciones y se acumulen plazas para unas próximas convocatorias que permanecen en el ámbito de los buenos deseos. Mientras tanto, el sistema educativo se está llenando de profesores interinos, un colectivo necesario en su medida justa pero, no lo olvidemos, vulnerable y en situación de precariedad laboral, como hemos comprobado los último años, a merced de las Administraciones Educativas que han suprimido y amortizado miles de puestos de trabajo por el aumento de ratios o incremento de horarios a los funcionarios docentes o  simplemente al  albur de cambios de criterios de formación de las listas de interinos que amenazan su estabilidad laboral.
Sabemos que algunas comunidades autónomas  han duplicado las tasas de interinidad en los últimos años y que hay centros educativos en los que cada año la plantilla es completamente nueva. ¿Es compatible esta situación con la promulgación y desarrollo de una ley que lleva en su título las palabras “mejora de la calidad”? El hecho objetivo es que no se están convocando oposiciones en la mayoría de las CCAA. Sólo cuatro han anunciado oposiciones por un total de 350 plazas. En ANPE no nos vale la excusa de que no merece la pena convocar oposiciones porque el Estado autoriza  pocas plazas. Porque lo cierto y real es que si se convocan sólo el 10  %, que es insuficiente, es mejor que nada y además, esta ridícula tasa de reposición no produce ahorro económico, puesto que siguiendo la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, los funcionarios interinos que se nombren para cubrir las vacantes reales existentes conforme a la demanda educativa tienen que percibir las mismas retribuciones (sueldo, trienios, sexenios, complementos…) que los funcionarios de carrera. No hay diferencias económicas entre convocar y ejecutar Oferta de Empleo o seguir con interinos.
                Tampoco es razonable la excusa de que se desordenan las listas de interinos porque, aunque haya que comprender las distintas situaciones del colectivo, lo que se está jugando el profesorado interino con esta falta de convocatorias es nada menos que formar parte de la función pública y transformar su empleo precario en definitivo. Voces interesadas parecen alertar a los interinos de los riesgos de convocar pocas plazas y les animan a aprobar la falta de convocatoria sin hacerles comprender que prolongar su situación de precariedad es algo parecido a lo que suele llamarse “pan para hoy y hambre para mañana”. El profesorado interino debe estar informado de la auténtica verdad: se está fragilizando el empleo docente a sus expensas. Los interinos nunca podrán desaparecer porque siempre serán necesarias las sustituciones, pero debe ser un colectivo cuyo número se ciña a proporciones razonables para que la mayoría de las plantillas docentes estén ocupadas por miembros de la función pública. ¿Qué proyecto educativo, qué sentimiento de pertenencia a un claustro puede desarrollar quien cada nuevo curso cambia de destino? Y por otro lado, ¿qué garantías tienen hoy los interinos, a los que fácilmente se les puede suprimir el puesto o rebajar sus derechos económicos y laborales en función de la temporalidad o de la planificación que haga cada Administración educativa.
 Hay otra pregunta más, destinada al Ministerio de Educación y a las Consejerías: ¿Por qué no se puede gestionar la educación con sentido común? Es imprescindible que la oferta de empleo público docente reponga todas las plazas vacantes después de ajustar las plantillas y sacar todas las plazas a concurso de traslados. Es necesario abrir una horquilla de máximos y mínimos para la tasa de reposición que permita a las comunidades autónomas adecuarse a sus distintas realidades. El Ministerio debe coordinar y liderar la oferta de empleo y velar porque haya oferta de empleo en todas las comunidades.
 Desde ANPE siempre hemos defendido el empleo docente estable como factor de calidad educativa y ahora, más que nunca, como condición laboral imprescindible ante algunas  medidas privatizadoras de la Educación y las potestades que la LOMCE atribuye a la dirección de los centros en materia de selección del personal docente.
Convertir a los docentes en un colectivo vulnerable e inestable  es un error que puede costar muy caro a la calidad de la educación en España.