A partir del próximo lunes, se inicia en Andalucía la actividad lectiva del curso escolar 2018/19, en el que el profesorado espera avanzar en la recuperación de las condiciones laborales arrebatadas durante los años más duros de la crisis económica.
Una de las reivindicaciones prioritarias de ANPE, en los últimos años, ha sido la necesidad de un aumento de plantilla en los centros docentes públicos de la Comunidad, que se empieza a hacer efectivo en el presente curso, en el que se han superado al fin los cien mil efectivos, cantidad mínima a nuestro entender para poder empezar a garantizar un mínimo de calidad para el sistema educativo andaluz. De hecho, gracias a la recuperación de las 18 horas lectivas en las enseñanzas secundarias y de régimen especial, se ha conseguido un aumento de más de 5.000 profesionales que imparten docencia en estos niveles, con respecto al año 2017.
En los niveles de Infantil, Primaria y Educación Especial, las clases se iniciarán el día 10 con 500 maestros más en las aulas, cantidad que será incrementada durante los dos próximos cursos en otros 800 efectivos, según el compromiso adquirido por la Consejería en el proyecto “Repensar la Primaria”, con el objetivo de garantizar una mejor atención a la diversidad del alumnado y el refuerzo de los apoyos educativos. Este incremento podría ser aún superior si la administración educativa andaluza recogiera nuestra reivindicación de reducir el horario lectivo de los docentes de estas etapas en dos horas semanales, de 25 a 23, tal y como de hecho sucede en otras comunidades autónomas.
La reciente y amplia oferta de empleo ha hecho posible una mayor estabilización de la plantilla, dotando al sistema de 5.121 nuevos funcionarios, de los que casi el 74% prestaban anteriormente servicios como interinos. ANPE seguirá defendiendo la celebración de oposiciones con amplias ofertas de empleo, en el próximo trienio, para consolidar este proceso de estabilidad, reduciendo la precariedad laboral y posibilitando la promoción del personal interino en un marco de garantía jurídica. Por ello, hemos solicitado a la Consejería que se convoquen todas las plazas ligadas al proceso de estabilización del empleo temporal, así como las derivadas de la cobertura de la tasa de reposición, por encima del 100%.
No obstante, la realidad es tozuda y los desajustes en la planificación provocan, año tras año, que el inicio de curso se vea negativamente afectado, tanto por deficiencias en los equipamientos materiales como por la falta de cobertura de numerosos puestos en los centros, perturbando el normal comienzo de la actividad lectiva, en algunos casos durante semanas. Desde ANPE apremiamos a la Consejería para que adopte las medidas necesarias para proteger la calidad del servicio educativo que recibe el alumnado, como por ejemplo la optimización del sistema de cobertura de bajas. Con tal finalidad, ANPE solicita a la Consejería la puesta en marcha de un procedimiento telemático que facilite la oferta de sustituciones, así como la cobertura inmediata de todas las bajas por personal externo al centro, en la línea de los propósitos anunciados por el Gobierno de España de derogar el Real Decreto Ley 14/2012, de racionalización del gasto educativo.
Otra de nuestras demandas en este sentido es la adecuada dotación de personal administrativo a los centros, que descargue al profesorado del exceso de carga burocrática que entorpece su labor.
Por tercer año, la posibilidad de participación del profesorado con destino definitivo en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales, a través de una comisión de servicio por razones de conciliación, ha permitido a miles de docentes andaluces compatibilizar mejor su vida personal y familiar con el ejercicio cotidiano de su profesión, en lo que supuso una conquista histórica dentro de las demandas de nuestra organización sindical.
ANPE exige a la Junta de Andalucía que preste atención especial a los derechos económicos, laborales y profesionales de los docentes. En este sentido, ANPE no renuncia a una mejora retributiva que permita la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años. El reciente incremento salarial del 1,75% apenas viene a paliar la subida del coste de la vida, derivada de un IPC interanual cuyos últimos datos se sitúan en el 2,20%, diferencia negativa que viene a consolidar una pérdida de poder adquisitivo, acumulada durante años y que asciende a cifras en torno al 20%. Por todo ello, ANPE reclama un acuerdo retributivo que contemple la equiparación salarial de los docentes andaluces con los de otras comunidades autónomas, la recuperación del poder adquisitivo perdido, una cláusula de revisión salarial en función de la evolución del IPC y la restitución inmediata de los complementos autonómicos detraídos de las pagas extraordinarias de los años 2013 y 2014.
Otro de los agravios sufridos por el profesorado andaluz en los últimos años fue el de las detracciones económicas en situaciones de incapacidad temporal por enfermedad o accidente. El Acuerdo de 17 de julio de 2018 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha puesto fin a esta injusta situación, contra la que ANPE ha luchado durante años, por lo que nos felicitamos del retorno a la normalidad, en el presente curso, que supone la percepción de retribuciones completas por el profesorado en situación de incapacidad temporal.
Más allá del ámbito autonómico andaluz, ANPE mantiene ante el gobierno presidido por Pedro Sánchez, las mismas exigencias que planteaba al de Mariano Rajoy. Propugnamos un sistema educativo cohesionado a nivel nacional, cuyo eje vertebral sea la enseñanza pública, sostenido económicamente gracias a un acuerdo de financiación, en el marco de un pacto político y social que lo dote de solidez y estabilidad. Reclamamos al Gobierno que aborde por fin, de una forma integral, la problemática de nuestra carrera profesional, desde el ingreso hasta la jubilación, a través de una Ley de la Profesión Docente y un Estatuto de la Función Pública Docente y mejorando su sistema retributiva.
Para ANPE, otro de los retos que deben afrontar, tanto el gobierno central como el andaluz, es el impulso a la Formación Profesional, cada vez más demandada por los usuarios del sistema educativo, estableciendo una colaboración directa y más efectiva entre las empresas y los centros de enseñanza.
Finalmente, la convivencia escolar es como siempre una de nuestras máximas preocupaciones. A nivel nacional defendemos la reactivación del Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar y la elaboración de un Plan Estratégico de Convivencia y al gobierno andaluz le seguimos exigiendo una Ley de Autoridad del Profesorado, en la línea de las existentes en otras comunidades autónomas, que unifique y actualice la dispersa normativa existente en la materia y otorgue respaldo moral a la labor docente.
Sevilla, 6 de septiembre de 2018.
ANPE-ANDALUCÍA
