ANPE.Asturias. El proyecto presentado es una mera declaración de intenciones, que no contempla medidas concretas
Plan Estratégico para la Mejora de la Convivencia
Hoy 31 de enero finaliza el plazo dado por la Consejería para presentar alegaciones al “Plan Estratégico para la Mejora de la Convivencia”, que fue presentado a información pública antes de Navidad. Tal es así, que la mayoría de los docentes ni lo conocen. Incluso algún centro lo debate hoy, fecha final de plazo.
ANPE hubiera preferido otro formato de trabajo, en Mesa de Negociación, que es nuestro ámbito competencial regulado, toda vez que el profesorado está directamente concernido, ya que se le atribuyen tareas y obligaciones.
El objetivo del Plan es loable, mejorar la convivencia y la participación.
Sin embargo, se trata de un documento muy extenso y genérico, una mera declaración de intenciones, ya que fía todo a la concreción de medidas en el PIC (Plan Integral de Convivencia) de cada centro y su implementación en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y la PGA (Programación General Anual).
La lectura sosegada de los 73 folios del Plan no ha servido para extraer ninguna conclusión ni una medida real o efectiva que vaya a permitir mejorar la convivencia en los centros educativos.
Eso sí, todas las propuestas fían en la implicación y la formación del profesorado como eje, mediante cursos específicos para devenir en “expertos” en la detección y la mediación en conflictos. Los que le faltaba a un colectivo ya exhausto y que a duras penas es capaz de sobrellevar la tarea que le es inherente, la docente, que quedará relegada por esta nueva atribución, que se suma a otras ocurrencias de la Consejería, los múltiples oficios del maestro: jurista, enfermero, mediador de conflictos, psicólogo, bibliotecario, conserje, guardia de seguridad, administrativo, contable, encargado de suministros, experto en prevención de riesgos laborales, animador sociocultural, asistente social, informático...
Pero ni una sola palabra de dotar las plantillas de profesionales que se ocupen de los conflictos en los centros educativos. La cuestión no es baladí: prácticas pedagógicas basadas en el diálogo, en la mediación en el ámbito escolar... requieren de profesorado experto en resolución de conflictos, en habilidades sociales, metodología en aulas inclusivas, en educación por proyectos,... una nueva sobrecarga de responsabilidades y tareas para un colectivo hastiado.
Reconocer la figura de coordinador de convivencia en cada centro e impulsar la estabilidad de claustros docentes para garantizar la continuidad de los proyectos de convivencia, se hace indispensable. Necesitamos contar con un profesorado motivado, comprometido y bien formado, que no puede seguir asumiendo tareas en base a su exclusiva implicación personal y voluntarismo.
ANPE, como sindicato profesional del profesorado, comparte que la mejora de la convivencia y la participación en los centros educativos debe de ser una prioridad.
Existe una herramienta poderosa que el Principado se niega a desarrollar porque no cree en ella: la Ley de Autoridad del Profesorado, que fue aprobada en la Junta General, con la oposición del gobierno, hace ya casi 5 años y que carece de cualquier desarrollo reglamentario que la haga eficaz.
ANPE defiende que alumnos y profesores tienen el derecho de educarse, unos, y de trabajar, otros, en centros educativos pacíficos y saludables, garantizando los derechos constitucionales a la educación y a “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y a la integridad física y moral”.
En ANPE creemos que la teorización y el buenismo no van a resolver el problema. La convivencia se construye sólo desde el conocimiento y el respeto de unas normas claras que permitan poner coto a los desmanes en los centros, cuyos escolares, niños y jóvenes menores de edad en su mayoría, necesitan reglas claras, directas, sencillas, “eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca”, como hicieron nuestros padres con nosotros.
La propuesta actual tendría que servir para romper definitivamente con la normativa vigente que ha contribuido a la degradación de la convivencia por su actitud laxa frente a los transgresores y por sus mecanismos correctores burocratizados que no han servido para lanzar un mensaje claro a fin de frenar la violencia escolar, los actos de matonismo e indisciplina, y fomentar el respeto a las normas, los profesores, los compañeros y la institución escolar, pilar educativo de cualquier modelo social.
La norma no servirá si no:
- Se habla con claridad de disciplina, normas de conducta y autoridad.
- Se desarrolla el principio de autoridad del profesorado sobre los alumnos.
- Se regula la desburocratización e inmediatez en las sanciones, cuya capacidad corresponde a profesores, tutores, jefes de estudio y directores.
- Se prevé la posibilidad de expulsar de clase a un alumno en el caso de conductas disruptivas o actos de indisciplina.
- Se establece el derecho y el deber de los profesores a velar por la convivencia y de sancionar el incumplimiento de las normas de conducta.
- Se muestra el total apoyo a las víctimas en los casos de acoso y violencia, prevaleciendo sus derechos y del resto de los miembros de la comunidad educativa por encima de las garantías excesivas que protegen a los agresores.
- Es el agresor quien está obligado a cambiar de centro y no el agredido.
- Pueden corregirse los actos contrarios a las normas de conducta cometidos fuera del recinto escolar.
¿A qué punto de degradación hemos llegado que es necesario recordar que la norma debe de incluir algunas obligaciones elementales para los alumnos, como la asistencia a clase, la puntualidad, el mantenimiento de una actitud correcta, el respeto al profesor, el trato correcto hacia los compañeros, la realización de las tareas escolares, el cuidado y respeto de los materiales e instalaciones del centro, imprescindibles para garantizar el desarrollo de las actividades académicas?.
En definitiva, es preciso que nuestros escolares respeten las normas de la escuela, que respeten a sus profesores y que se respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra convivencia democrática.
