Aunque ANPE Canarias considera que los procedimientos selectivos para ingresar en los cuerpos docentes no universitarios son, hasta la fecha, los sistemas “menos malos” para proceder a la selección del profesorado y los únicos que en la actualidad garantizan su estabilidad laboral definitiva, nunca hemos cejado en nuestro empeño de conseguir un modelo nuevo, más objetivo y que ponga en su justo valor la experiencia en el aula.
Sin embargo, con los anteriores responsables del Ministerio de Educación tan sólo pudimos acordar una ligera subida para la puntuación de la experiencia docente en el baremo de méritos, el incremento en la ponderación de la fase de concurso y el mantenimiento de los temarios, unas actuaciones paliativas que, sin duda alguna, se han mostrado insuficientes.
A la vista de los datos conocidos estos días en todo el Estado, hemos observado demasiadas deficiencias en estas oposiciones como para exigir a todas las Administraciones Educativas responsables de su regulación (el propio Ministerio) y de su gestión (nuestra Consejería) que tomen medidas para corregir rápida y eficazmente estos indignantes resultados.
En el ámbito estatal, nuestro sindicato ya se ha adelantado a presentar, ayer mismo, un escrito dirigido a la Ministra de Educación y Formación Profesional, en el que varias organizaciones sindicales denunciamos la existencia de estos problemas y le pedimos una convocatoria urgente de la Mesa Sectorial del Estado para negociar todas las modificaciones a introducir en el Real Decreto que determina los diferentes sistemas de ingreso y acceso a la función pública docente.
En Canarias, por nuestra parte, queremos explicar con absoluta claridad nuestra postura acerca de esta cuestión fundamental, mediante la concreción de algunas respuestas a estos tres interrogantes básicos:
- ¿Por qué pedimos estos cambios?
- ¿Cómo planteamos que se lleven a cabo?
- ¿Cuándo pensamos que deben aplicarse las modificaciones?
1.- Varias son las razones que nos empujan a exigir, con carácter inmediato, una serie de mejoras en el actual procedimiento selectivo:
*Las muy deficientes prestaciones de las aplicaciones informáticas utilizadas, tanto para la inscripción inicial en las pruebas como para la grabación de los méritos de los aspirantes, a pesar de haberse reducido su volumen, a propuesta de ANPE Canarias.
*La imposibilidad física de participar por más de una especialidad del mismo cuerpo, aunque se hubiese admitido la matrícula en ellas, al fijar la actuación de los tribunales en islas diferentes.
*La bajísima calificación concedida por los tribunales en la primera prueba, generando un elevadísimo porcentaje de participantes eliminados, antes de concluir la fase de oposición, y varias plazas sin cubrir en determinadas especialidades.
*La disparidad de criterios demostrada al establecer en la convocatoria las características generales del supuesto práctico, que incluso llegó a desaparecer en algunas especialidades.
*La improvisación evidente en la coordinación, redacción y publicación de los criterios de evaluación aplicados por los tribunales.
*La inexistencia de un procedimiento administrativo medianamente “razonable” para que los aspirantes soliciten y obtengan de su tribunal las razones de una calificación considerada muy insuficiente en general.
*El fracaso parcial de esta convocatoria de oferta de empleo, ya que la reducción de las preocupantes tasas de interinidad sólo se conseguirá a costa de la inestabilidad laboral o la no contratación del profesorado interino.
2.- Consideramos que la aplicación de estas mejoras debe realizarse, de manera coordinada, en el plano estatal y en el autonómico, al menos en el sentido siguiente:
*La Administración convocante debe fijar y publicar con antelación, al inicio del procedimiento selectivo, unos criterios de evaluación más objetivos y precisos, con carácter general.
*La fase de concurso forma parte del proceso selectivo y, por tanto, no puede utilizarse sólo para una simple reordenación de quienes superen la fase de oposición, por lo que convendría determinar un porcentaje mínimo de aspirantes que deban pasar a la fase de concurso.
*Los aspirantes deben recibir un trato igual en todos los tribunales, especialmente si pertenecen a la misma especialidad, ya que compiten entre sí directamente por las plazas ofertadas.
*Los aspirantes deben poder presentar denuncias de las irregularidades que consideren ante la Administración convocante, con la seguridad de su urgente resolución.
*Los aspirantes deben tener plenas garantías para presentar reclamaciones “eficaces” ante los tribunales sobre sus calificaciones, basadas en un conocimiento previo de sus criterios de corrección.
*Los aspirantes deben poder ejercer su incuestionable derecho a la revisión razonada de sus ejercicios por parte del tribunal.
*La actuación de los tribunales debe desmasificarse, reduciendo el número de opositores que les corresponde a cada uno o incrementando su tiempo para lograr una evaluación sosegada y objetiva de los ejercicios.
3.- Por supuesto, la gravedad de los resultados que estamos conociendo estos días nos obligan a exigir que todas las medidas necesarias se pacten cuanto antes, por lo que instamos al Ministerio y a la Consejería de Educación para que comiencen en sus correspondientes ámbitos el proceso negociador de ambas normas, con la suficiente voluntad de diálogo para mejorar el marco legal vigente en todos los aspectos que se estimen necesarios, evitando así que en las oposiciones de 2019 se repitan unos resultados tan decepcionantes como los del presente año.
ANPE Canarias llevará a cabo una evaluación más completa de estas oposiciones cuando finalice el procedimiento selectivo, con el único objetivo de analizar las causas de todas las carencias e ineficiencias detectadas y elaborar cuanto antes todas las propuestas que llevará a la negociación de la normativa que entrará en vigor para la próxima convocatoria.
