Madrid, 14 de octubre de 2026.- ANPE, primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria, alza la voz para exigir al Gobierno la extensión de la posibilidad de jubilación anticipada a los 60 años con 30 años de servicio a la totalidad del profesorado, así como la recuperación de los incentivos vinculados. La organización se opone frontalmente a que este derecho desaparezca de la función pública docente y reclama que se acometan las modificaciones normativas oportunas para evitarlo.
Actualmente, solo pueden jubilarse anticipadamente quienes accedieron a la función pública antes de 2011 y están adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado, un colectivo cada vez más reducido y veterano que no admite nuevas incorporaciones. Las personas que ingresaron con posterioridad, integradas en el Régimen General de la Seguridad Social, se ven abocadas a prolongar su vida laboral hasta los 66 años y 10 meses —un listón que se elevará definitivamente a los 67 años a partir de 2027— o hasta los 65 si acreditan el periodo mínimo cotizado.
En este escenario, ANPE alerta de que, en cuanto se extinga el primer grupo, la distinción en el acceso a la jubilación anticipada dejará de ser una desigualdad entre dos colectivos para convertirse en la desaparición completa de un derecho del que hasta hace quince años disfrutaba la gran mayoría del profesorado.
El presidente nacional del sindicato, Francisco Venzalá, señala que "esta cuestión no concierne solo a quienes están cerca de la jubilación, sino a todo el profesorado, por muy lejano que se vislumbre ese horizonte para los más jóvenes". En este sentido, subraya que "la jubilación anticipada facilita el relevo generacional, permite renovar plantillas y evita que se obligue a personas que han dedicado toda una vida a una profesión tan exigente a seguir trabajando más allá de los 60 años cuando, en muchos casos, el cansancio y la carga acumulada hacen difícil afrontar la tarea en plenitud".
Modelo propuesto por ANPE
ANPE defiende un "modelo flexible", consistente en mantener los 65 años como edad ordinaria de jubilación, permitir la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 70 para quien quiera seguir en activo, reconocer a todo el profesorado el derecho a jubilarse voluntariamente a los 60 años con 30 de servicio, y recuperar los incentivos vinculados a la jubilación anticipada.
"Estas medidas deben quedar recogidas con rango básico estatal en el futuro Estatuto de la Función Pública Docente", recalca Venzalá. No obstante, puntualiza que "mientras esto no ocurra, y teniendo en cuenta la demora en los trabajos de elaboración de este documento, es necesario que las modificaciones correspondientes se incluyan en una norma con rango de Ley sin necesidad de esperar a la aprobación del Estatuto".
La propuesta de la organización sindical docente se completa con dos reivindicaciones adicionales: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la mejora de las prestaciones asistenciales de MUFACE, especialmente las ayudas para el personal jubilado y el acceso gratuito a medicamentos.
Para el presidente de ANPE, "la jubilación anticipada no puede ser un derecho reservado a un colectivo abocado a desaparecer". Por ello, insiste en que "el Gobierno debe actuar cuanto antes para garantizar que todo el profesorado pueda acceder a una jubilación voluntaria y digna tras una larga trayectoria profesional", algo que, a su juicio, "favorecería también el relevo generacional y la renovación de las plantillas".
ANPE, EL VALOR DE LA PROFESIÓN DOCENTE
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