El decreto ley de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, obliga a Universidades, instituciones y empresas a dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas no laborales tanto si son remuneradas como sino. Hasta ahora solo era obligatorio si se cobraba.
9-01-2019
Los rectores dicen que las universidades no pueden pagarlo y que como consecuencia puede bajar la oferta de prácticas. El Gobierno calcula el coste en 74,46 millones y cifra en 534.000 los estudiantes afectados, es decir, 140 euros por alumno. La CRUE pide participar en la redacción del reglamento legislativo.
En vacaciones navideñas, la conferencia de rectores de (CRUE) han reaccionado contra el decreto ley del Ejecutivo y han emitido un comunicado en el que cargan contra el Gobierno por fijar esta obligación “sin hablar con las universidades” y advierten que la decisión “puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades”.
Trabajo calcula que la medida cuesta 74,46 millones al año y afecta a 534.000 alumnos. Aunque no todos son universitarios, ya que también atañe a los de Formación Profesional de grado medio y superior. Esta cotización genera futuros derechos de pensión y de atención en caso de accidente de trabajo; no incluye el seguro de desempleo o el Fogasa.
“Las empresas pueden decir yo no asumo la seguridad social, que lo haga la universidad, y si esta no lo hace hay un perjuicio para el estudiante porque no hay prácticas”, sostiene el rector de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado. “Y si pasa la cotización a la universidad, supone un coste que no podemos asumir. Tenemos un déficit estructural y ya gastamos 100 millones en ayudar a nuestros estudiantes desfavorecidos”, prosigue el presidente de Asuntos Estudiantiles de la CRUE, en cuyo comunicado pide que se bonifiquen las cotizaciones al “100%”.
Fuentes del Ministerio de Trabajo responden que la medida pretende, entre otras cosas, poner orden en este tipo de prácticas y facilitar la labor de la Inspección de Trabajo para controlar si las tareas de los estudiantes son laborales o formativas. “En la práctica hay poco control”, señalan las fuentes. Entre los ejemplos que citan en Trabajo sobre la necesidad de regular más las prácticas no laborales, remuneradas o no, y los becarios, está lo sucedido en la Universidad Autónoma de Madrid, a la que la Inspección obligó a pagar las cotizaciones de 376 becarios. La policía laboral concluyó, según informó eldiario.es, que el campus cubría con ellos puestos de trabajo y que esas prácticas no tenían “nada que ver con la titulación cursada por los estudiantes”.
Información obtenida de el diario El País.
