El comité ejecutivo estatal de ANPE hace balance del curso escolar 2018-2019, marcado por los procesos electorales en todos los ámbitos, y por una legislatura truncada por la disolución de las cámaras y por la imposibilidad de acometer ninguna reforma educativa profunda.
El curso 2018-2019 comenzó gestionado por un gobierno surgido de la moción de censura que se enfrentó a la compleja situación derivada de una difícil aritmética parlamentaria, lo que dificultó la posibilidad de alcanzar acuerdos para impulsar cualquier reforma educativa.
El gobierno presentó un anteproyecto de ley orgánica que pasó fugazmente por la mesa sectorial y nos ofreció una visión muy parcial y sesgada sobre los verdaderos retos y desafíos a los que se tiene que enfrentar el sistema educativo. Solo se abordan determinados aspectos de la ordenación académica sin modificar la estructura y el modelo de nuestro sistema educativo y sin acometer la situación del profesorado, en definitiva, supondría una vuelta a la anterior LOE con algunas modificaciones que fue aprobado por el Consejo de Ministros y congelada su tramitación ante la disolución de las cámaras.
Con el objetivo de revertir los recortes, el gobierno aprobó la Ley 4/2019 de 7 de marzo, que pone fin al aumento de las ratios, al horario lectivo del profesorado y a la restricción de la sustitución de profesores, que han sido medidas insuficientes porque han dejado al albur de las comunidades autónomas la regulación del horario lectivo docente lo que supone profundizar a la larga, en la desvertebración educativa y en las desigualdades de las condiciones laborales de los docentes. La nota positiva de este curso ha sido la amplia oferta de empleo público que ha sido convocada.
Tras las elecciones generales, este final de curso coincide con la apertura de una nueva legislatura y la configuración de un nuevo gobierno aún sin formar. Desde ANPE nos hemos dirigido a todos los partidos políticos en las elecciones y ahora al nuevo gobierno, proponiendo un decálogo de propuestas y reivindicaciones básicas, que son imprescindibles a nuestro criterio, para la mejora del sistema educativo, de la enseñanza pública y de las condiciones laborales del profesorado:
- Un Pacto por la Educación que sea político, social y territorial, que asegure la estabilidad y transforme el Sistema Educativo.
- Abordar la situación del profesorado y su futuro profesional, dando respuesta al diseño de la profesión docente en un doble aspecto, estableciendo una Ley de la profesión docente y, por otro lado, con un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja y desarrolle la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública docente hasta la jubilación.
- Aumento de la Inversión en Educación con un mínimo de un 5% del PIB.
- Una apuesta decidida por la Red de Centros Públicos y la atención prioritaria a las zonas rurales.
- Amplias ofertas de Empleo Público para dotar de estabilidad a las plantillas; un sistema de acceso transparente y más garantista, y contabilizar la experiencia docente al máximo legal y jurisdiccional permitido.
- Equiparación Salarial con los funcionarios docentes mejor pagados en el conjunto del Estado; grupo A1 para todos los docentes, la restitución de la cuantía de las retribuciones mensuales al recorte de 2010, con pagas extras íntegras y la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos últimos años.
- Revisión de los Reglamentos Orgánicos de Centro (ROC) para devolver el liderazgo educativo a los Claustros de Profesorado, reducir la burocracia y diseñar un nuevo marco regulador para una función directiva más especializada insertada en la carrera profesional.
- Elaborar un Plan Estratégico de Convivencia en los Centros Educativos, el desarrollo de la Ley de Autoridad del profesorado a nivel estatal y medidas reales de dignificación de la labor docente y favorecedoras de un clima de convivencia adecuado y establecimiento medidas de prevención y protocolo de actuación ante casos de acoso.
- Establecer un horario lectivo máximo para todo el Estado con idéntica implantación en las CCAA. En Infantil y Primaria, reducción del horario lectivo a 23 horas y en el resto de las enseñanzas 18 horas lectivas como máximo y la reducción de ratios en todas las enseñanzas.
- Equiparación de los permisos, licencias y excedencias del profesorado en todo el Estado, la publicación y adjudicación de todas las vacantes existentes en el Concurso General de Traslados.
Confiamos y deseamos que esta próxima legislatura sea estable y no sometida a las tensiones e incertidumbres de la pasada para acometer los verdaderos retos que tiene la educación en este país. ANPE espera que esta legislatura sea por fin la que ponga en marcha la gran reforma que necesita la situación del profesorado.
Madrid, 25 de junio de 2019
