La gestión de la pandemia de coronavirus ha vuelto a poner sobre la mesa la enorme desigualdad que existe entre unos territorios y otros dentro de nuestro país. No existen directrices comunes sobre la forma de proceder en el ámbito educativo cuando se detecta un caso de coronavirus entre el profesorado. Más allá del aislamiento sanitario al que debe someterse el docente para evitar que se propague la enfermedad, como dictan las autoridades sanitarias, no hay un protocolo estandarizado que funcione en todas las autonomías. Esto está provocando que muchos docentes encuentren serias dificultades para realizarse las PCR necesarias, lo que implica un riesgo para su salud, la de su familia y la de la comunidad educativa, además de una injusticia evidente.
Desde ANPE consideramos que estas diferencias deben suplirse con urgencia y que se ha de diseñar un sistema homogéneo para todo el profesorado que presta sus servicios en la enseñanza pública de nuestro país. No es de recibo que unos docentes tengan menos derechos que otros; no hay profesorado de primera y de segunda clase. Sin embargo, parece que también en el ámbito sanitario se han instalado las mismas diferencias territoriales que llevamos años denunciando. Si todos somos ciudadanos españoles debemos contar con idénticas responsabilidades e idénticos derechos. Lo dice la teoría, nuestra Constitución, pero en la práctica, la realidad es bien distinta.
La diferente asistencia sanitaria a la que tiene derecho el docente -algunos están en el régimen de Seguridad Social y otros en MUFACE- dificulta el acceso en igualdad de condiciones a los servicios sanitarios dirigidos a detectar y prevenir el coronavirus. Hemos recibido multitud de quejas de compañeros que se han encontrado con incontables obstáculos en sus seguros de salud para poder realizarse la prueba PCR a pesar de tener derecho, en teoría, a hacérsela.
Como ejemplo, en Canarias se ha dado una situación paradójica: el Gobierno ha puesto en marcha un cribado en municipios de la isla de Tenerife donde se ha registrado una alta incidencia de coronavirus dirigido a personas de entre 20 y 64 años que no presentaran síntomas y muchos docentes no han podido beneficiarse. A pesar de que el margen de edad era el anteriormente citado y que el único requisito extra era no tener ningún síntoma de la enfermedad (para detectar asintomáticos), los profesores que no pertenecían al régimen de la Seguridad Social no han podido someterse al test. Resulta peligroso e injusto que se vulneren los derechos de estos profesionales. Además, en un asunto de tanta relevancia para la salud como el que estamos viviendo, es una temeridad no permitir que estas personas puedan chequear su estado de salud haciéndose las pruebas pertinentes.
Por otro lado, recordamos que los docentes forman parte del colectivo de trabajadores públicos esenciales, por lo que deberían tener un trato similar al resto de empleados que forman parte de este. En la actualidad, el personal sanitario que ha estado de baja por haber padecido coronavirus se somete a un nuevo test PCR antes de reintegrarse en su puesto de trabajo. Se trata de una medida de seguridad sanitaria necesaria, que aplaudimos, pero nos sorprende que no se lleve a cabo también entre el profesorado que ha superado la enfermedad. No olvidemos que los docentes estamos en contacto con muchísimas personas a lo largo del día en los centros educativos y debe garantizarse que regresamos a las aulas sin ser un riesgo para el resto de miembros de la comunidad educativa.
Tampoco se garantiza esa seguridad entre los trabajadores más vulnerables. En la actualidad, hay miles de docentes con patologías de riesgo que los hacen especialmente sensibles al coronavirus –también como ejemplo, solo en Canarias se estimó que había algo más de 5.000- y a la amplia mayoría no se les ha adaptado el puesto de trabajo. Este hecho supone una grave vulneración de sus derechos, pero, también, un riesgo muy importante para su salud. Desde ANPE, en un buen número de comunidades autónomas, hemos denunciado reiteradamente este hecho, incluso presentando quejas ante la Diputación del Común. Sin embargo, a pesar de nuestras quejas, prácticamente nada ha cambiado. Muchos de estos profesionales deberían poder trabajar a distancia para no correr riesgos innecesarios.
Los docentes estamos poniendo todas nuestras ganas y capacidad de trabajo para que el curso más extraño de nuestras vidas se desarrolle dentro de la mayor normalidad posible. Sin embargo, no nos sentimos respaldados por las administraciones públicas en la misma medida. Es hora de que trate al profesorado como merece. No queremos más derechos que otros trabajadores públicos esenciales ni que unos docentes tengan mejores condiciones laborales y sanitarias que otros. Creemos en la igualdad -siempre lo hemos hecho- y es nuestra responsabilidad reivindicarla también en este caso.
