¿HA LLEGADO YA EL MOMENTO DE UN NUEVO DISEÑO DE LA PROFESIÓN DOCENTE?
El pasado mes de enero, apurando al máximo el plazo previsto en la disposición adicional séptima de la LOMLOE, parecía que por fin el Ministerio de Educación estaba decidido a iniciar la negociación del futuro diseño de la profesión docente. En este contexto, ANPE siempre ha manifestado sus propuestas de lo que debería ser el marco básico y global de dicha reforma, para que garantice la estabilidad, cohesión y vertebración del sistema educativo.
La actual situación del profesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación. Por eso, ANPE no se cansa de insistir en que la política del profesorado debe ocupar un lugar preferente de cara a la puesta en marcha de cualquier reforma educativa. No podemos obviar que son ya varias las legislaturas donde la primera promesa de cada nuevo titular del Ministerio de Educación es el Estatuto Docente, pero la experiencia nos muestra que esta promesa se convierte al poco tiempo en una mera declaración de intenciones. De hecho, desde que se aprobó la Ley ha pasado ya un tiempo considerable y más allá del desarrollo y aprobación de los decretos de currículo que han de entrar en vigor para el próximo curso escolar en determinados niveles educativos, existen cuestiones muy importantes del articulado de la LOMLOE que están llevando un lento proceso en su tramitación.
Por ello, aunque con retraso, y a nuestro entender habiendo desaprovechado un periodo de tiempo muy valioso desde que se promulgó la Ley, ANPE valora positivamente la apertura de este proceso de negociación con el objetivo de dar respuesta a los retos y desafíos de nuestra profesión, en el contexto del desarrollo de la disposición adicional séptima de la LOMLOE, y de establecer el nuevo diseño de la profesión docente. No puede existir una verdadera reforma educativa sin abordar la política del profesorado.
Desde ANPE siempre hemos entendido la necesidad de esta reforma en una doble vertiente: por un lado, una Ley o norma que regule la profesión docente con el establecimiento de una identidad profesional, un código deontológico, los requisitos habilitantes y formación inicial para la docencia no universitaria, los procesos de ingreso y acceso a la función pública docente, los derechos y deberes del profesorado, sus funciones, la libertad de cátedra y autonomía pedagógica, el ordenamiento jurídico de los centros educativos, la prevención de riesgos laborales y salud laboral entre otras cuestiones. Por otro lado, un Estatuto que regule desde el ingreso y acceso hasta la jubilación la función docente en el ámbito de la enseñanza pública, contemplando el ingreso y acceso a la función pública docente, la estructura y ordenación de los cuerpos de funcionarios docentes, el modelo de carrera profesional, jornada de trabajo, vacaciones y permisos, la provisión de plazas o puestos por los funcionarios docentes, las incompatibilidades, retribuciones y jubilación.
Eso sí, se deberá garantizar la coordinación entre los distintos territorios en lo referente a políticas del profesorado, estableciendo claramente las competencias de las diversas administraciones, en aras a vertebrar la profesión docente y evitando las claras y existentes desigualdades entre comunidades autónomas. Una reforma que nunca podrá tener un punto de partida inferior al marco de los derechos laborales adquiridos por los docentes en las últimas décadas, en el marco de la negociación sindical.
Desde ANPE recibimos con un cierto grado de escepticismo, generado por las reiteradas decepciones que hemos sufrido durante bastantes años en relación con esta cuestión, la propuesta presentada por el Ministerio para reformular el nuevo diseño de la profesión docente. El documento inicial o de base presentado, por su falta de concreción o desarrollo, se encuentra aún muy lejos de los objetivos que se pretenden alcanzar con esta reforma. Por tanto, es necesario establecer como punto de partida una hoja de ruta y un calendario de negociación a partir de los que se desarrollen los numerosos aspectos que no contempla este documento inicial, con el fin de alcanzar los objetivos previstos, mejorar la profesión docente y las condiciones laborales del profesorado, y atraer y seleccionar a los mejores profesionales.
Por ello, es necesario negociar, clarificar y profundizar en aspectos esenciales que se contemplan en el documento, como los relacionados con la formación inicial, la formación permanente, la actualización de las especialidades docentes, la reforma de las titulaciones universitarias, acceso a los estudios, el diseño de las prácticas, el proceso de selección, etcétera.
El proceso de negociación, desarrollo y tramitación, muy probablemente, será largo y complejo, pues intervienen tres entidades: Ministerio, Comunidades Autónomas y la Universidad. Urge por tanto establecer un verdadero proceso de negociación que permita aclarar y definir o desarrollar aquellas propuestas iniciales presentes en el documento y consensuar nuevas propuestas fundamentales para el profesorado como las relacionadas con la bajada de ratios, jornada lectiva, retribuciones, carrera profesional que contemple una promoción horizontal y vertical, licencias y permisos o la jubilación voluntaria, entre otras cuestiones.
Si se pretende avanzar en el prestigio de la profesión docente y hacerla más atractiva, es necesario promover medidas que lo propicien. Aumentar las obligaciones en algunos aspectos o endurecer los criterios de acceso o ingreso a los estudios, junto a un análisis de base o justificación de la reforma respaldado en diversos estudios nacionales e internacionales donde se reflejan determinados problemas que aquejan a nuestra profesión, puede transmitir una imagen errónea a la hora de realizar un certero y objetivo diagnóstico de la situación, además de repercutir y dañar la imagen del colectivo docente.
Se trata de reconocer de una vez la importancia de la tarea docente y de tomar las medidas encaminadas a su prestigio y protección, motivando al profesorado y reconociendo su profesionalidad. De la excelencia en la formación inicial y permanente, de sus posibilidades de progreso, de innovación, de estabilidad, de reconocimiento de sus buenas prácticas y de la mejora en sus condiciones laborales, depende en buena parte la calidad del sistema educativo.
En las últimas décadas, los docentes han tenido que enfrentarse, y seguirán haciéndolo, a nuevos retos a los que dar respuesta. Y muy especialmente en estos dos últimos años, pues la pandemia ha hecho que los docentes tengan que cambiar sus metodologías. En este contexto de nuevas exigencias, es necesaria una actualización de la formación del profesorado.
Un colectivo, el docente, que en situaciones muy complejas y difíciles y ante numerosos y continuos cambios normativos, en un marco de recortes pendientes de revertir y ante la llegada de una pandemia, ha sustentado una vez más el sistema educativo.
Ha llegado también el momento de avanzar en el desarrollo de dos disposiciones: las adicionales séptima y undécima de la LOMLOE que afectan respectivamente al colectivo docente en general y a los profesores técnicos de FP en particular. Los Profesores Técnicos de FP constituyen un sector muy importante y la publicación de la citada disposición ha generado esperanza e incertidumbre entre este colectivo. No entendemos cómo a estas alturas aún no se ha dado vía libre a su integración en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a pesar de cumplir las condiciones previstas en la Ley. Para que dicha integración sea posible, habrán de esperar aún a la publicación de una segunda Ley, la de Formación Profesional, junto a sus desarrollos normativos, lo que consideramos como una circunstancia verdaderamente sorprendente.
ANPE insta a la administración a una verdadera negociación con los legítimos representantes del profesorado que permita llevar a efecto, con nuestra participación y colaboración, el desarrollo e implantación de la Ley de Educación, avanzando en la reforma o nuevo diseño de la profesión docente. Un proceso sin garantías de éxito, si no se cuenta con la ineludible implicación y participación de los docentes en la regulación del futuro de nuestra profesión en España.
