Ha comenzado un nuevo curso escolar, todavía bajo los efectos del COVID, lo que implica la exigencia del cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias para poder garantizar una educación presencial. Por tanto, no se debe producir ninguna relajación respecto al cumplimiento de los protocolos vigentes. La pandemia sigue presente y aunque la vacunación del profesorado y del alumnado mayor de 12 años es un elemento que refuerza la seguridad en las aulas, también es cierto que la variable Delta y la posibilidad de aparición de nuevas olas puede originar la subida de la incidencia de casos.
El primer reto al que nos enfrentamos en este inicio de curso es recuperar la presencialidad en todas las etapas y combatir los déficits de aprendizaje que han ocasionado la pandemia desde el confinamiento inicial que nos trajo la enseñanza on-line junto con la educación semipresencial a partir de tercero de la ESO durante el curso pasado. Por eso insistimos en dos aspectos claves para mejorar los rendimientos educativos: La bajada de ratios para posibilitar los apoyos y desdobles de grupos y mantener la contratación de profesorado de refuerzo para combatir las carencias de aprendizajes del alumnado.
El refuerzo de profesorado COVID está siendo desigual en las CCAA y aunque en los últimos días ha habido incrementos de plantillas respecto a las previsiones existentes durante el verano, a día hoy, podemos afirmar que hemos perdido más de un tercio de los profesores contratados respecto al curso anterior, aplicando la media del cómputo global en toda España. Esta desigualdad en la contratación de profesorado afectará a la igualdad de oportunidades del alumnado dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que resida.
El segundo reto que hay que afrontar es el desarrollo normativo de la LOMLOE en los que concierne a los aspectos académicos: el desarrollo curricular y la regulación de los criterios de evaluación, promoción y titulación. Se trata de cuestiones fundamentales que nos van a mostrar el verdadero sentido de esta nueva ley educativa. Mas allá de las controversias y opiniones recogidas en los medios de comunicación y el debate social generado en torno a los mismos, nos gustaría conocer los desarrollos curriculares en profundidad para desde una visión de conjunto, una vez que las CCAA hayan completado su parte competencial curricular, poder hacer una valoración objetiva de los mismos y las propuestas que resulten pertinentes, en su caso.
No menos controversia y polémica está generado la filtración del borrador del proyecto de Real Decreto de evaluación, promoción y titulación por el que el Ministerio de Educación y Formación Profesional propone eliminar los exámenes de recuperación para la ESO que las Comunidades Autónomas antes hacían en septiembre y ahora realizan mayoritariamente a finales de junio. Se pretende que estas pruebas desaparezcan en el marco de un cambio profundo en el sistema, que regulará también cómo se pasa de curso y se obtienen los títulos oficiales. La nueva norma, en fase de borrador, cambia el sistema para pasar de curso, que ya no está vinculada con el hecho de haber suspendido un número determinado de materias, en el que la repetición será excepcional. La convocatoria extraordinaria se mantendrá en Bachillerato.
Como no estamos refiriendo a un borrador que todavía no es oficial, seremos prudentes en la emisión de juicios de valor, aunque desde ANPE siempre nos hemos opuesto a todas aquellas medidas que devalúan la cultura del mérito, del rigor y del esfuerzo en el aprendizaje. Así nos hemos manifestado en todos las mesas y foros de representación cada vez que hemos tenido ocasión. Fundamentalmente, porque estas propuestas lanzan un mensaje desmotivador para el alumnado y el propio profesorado y, sobre todo, perjudican a los alumnos más desfavorecidos, aquellos que no pueden compensar las deficiencias fuera del sistema. Como hemos reiterado en muchas ocasiones, sólo una escuela excelente, en la que se obtenga el máximo rendimiento de cada alumno y se le exija un esfuerzo por lograrlo, puede compensar las desigualdades socioeconómicas. Sólo una enseñanza pública de calidad puede garantizar el principio de igualdad de oportunidades para todos.
Y finalmente, tras estos retos académicos, hemos de afrontar, ahora ya por imperativo legal, la situación del profesorado. La propia LOMLOE recoge dos disposiciones sobre las que urge su desarrollo: las adicionales séptima y undécima, ésta última que se refiere al régimen jurídico de los profesores de FP ya ha sido corregida y modificada por el proyecto de Ley de Formación Profesional, que tras ser aprobado por el Consejo de Ministros se encuentra en trámite parlamentario.
La Disposición Adicional Séptima de la LOMLOE afecta a todo el profesorado y se refiere al compromiso del Gobierno de presentar una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley.
Ha llegado ya la hora, sin más dilación, de dialogar, debatir y negociar todos estos aspectos que afectan a la situación profesional de los docentes con los legítimos representantes del profesorado en el marco de la mesa sectorial de educación. El tiempo se agota para el cumplimiento de los plazos y desde ANPE, aguardamos expectantes a la entrega del primer borrador sobre una normativa que será trascendental para el futuro de la función docente en España.
.
