El Defensor del Profesor: Un servicio para ayudar al profesorado y mejorar la convivencia escolar. Informe curso 2021/22.
El Defensor del Profesor es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas, puesto en marcha por ANPE en 2005, como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre el problema de la violencia escolar. Desde su nacimiento adivinamos que el Defensor del Profesor iba a responder a una necesidad real del profesorado, más allá de aquellos que inicialmente nos criticaron porque lo consideraban una exageración y después se fueron sumando paulatinamente a favor de la mejora de la convivencia, hasta el punto de que hoy ya nadie lo cuestiona e incluso algunas entidades han tratado de poner en marcha mecanismos similares de apoyo al profesorado.
Por eso después de 16 años de implantación nos reafirmamos en la necesidad de su existencia, adaptando su actuación a la cada vez más compleja realidad educativa. Y no sólo es fundamental su tarea de apoyo inmediato al docente que ve lesionada su identidad profesional, sino que además ha servido para abrir el debate social sobre la conflictividad en las aulas, bajo la premisa de que una buena educación no solo consiste en la transmisión de conocimientos sino en la formación en valores. Y desde este prisma, con sus demandas y reivindicaciones a lo largo de estos años ha permitido movilizar una conciencia a favor de los docentes que se ha traducido en medidas efectivas y cambios legislativos.
El último informe del servicio El Defensor del Profesor de ANPE correspondiente al curso 2020/2021 sigue mostrando un preocupante aumento en algunos indicadores con respecto al curso anterior en los casos de acoso y violencia hacia los docentes. Han sido ya 40.445 compañeros los que han sido atendidos por ANPE desde la creación del servicio de El Defensor del Profesor, de las que 1.960 actuaciones corresponden al último curso en una situación todavía bajo los efectos del COVID, pero ya recuperada la presencialidad en las aulas. Sabemos que las cifras de casos atendidos en este tiempo no dejan de ser una exigua cantidad en relación con el número total de docentes de la enseñanza pública, pero revelan que, muchos profesores en algún momento de su actividad laboral, han sufrido actos contra su persona incompatibles con la convivencia escolar e inaceptables en una profesión de este calado social.
Una primera lectura nos muestra que existe un leve incremento en las amenazas de alumnos a profesores, en los problemas para dar la clase y en las faltas de respeto, aumentando también la problemática de acoso al profesor. También resulta significativo en lo que se refiere a los padres, un incremento en las situaciones de acoso de padres y en las denuncias ante la Administración, incremento que sigue la tendencia de los últimos años y este curso, agravada por un mal uso de las nuevas tecnologías de comunicación y redes sociales en el periodo de crisis sanitaria que nos ha tocado vivir.
Todas estas situaciones están provocando serias consecuencias en el estado emocional y en la salud mental de los docentes. Sin pretender extrapolar estos porcentajes a todo el profesorado, y ciñéndonos exclusivamente al número de casos atendidos, y en este escenario de pandemia y semipresencialidad resulta significativo que el 77 % de los casos atendidos presentaban unos niveles de ansiedad impropios de la tarea a realizar, un 11 % mostraban síntomas depresivos y un 10 % ha estado de baja laboral. Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con el que interactúa el profesor agredido.
Nuestro compromiso con la mejora de la convivencia constituye una de las señas de identidad del trabajo de ANPE. Pero estamos todavía lejos de este deseo y la realidad nos golpea sistemáticamente cada día con las situaciones conflictivas que se producen en las aulas y que afectan a profesores y a alumnos. Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar en los Centros, el desarrollo de la Ley de Autoridad del profesorado a nivel estatal y medidas reales de dignificación de la labor docente, favorecedoras de un clima de convivencia adecuado junto con el establecimiento de medidas de prevención y protocolo de actuación ante casos de acoso.
Por todo ello es imprescindible que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y las administraciones educativas deben ser cada vez más conscientes de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para poder ejercer el derecho a la educación en entornos libres de violencia.
